Condiciones generales

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — ¿qué persona jurídica es el proveedor, con su forma jurídica, su número en el registro mercantil neerlandés (KvK), su NIF-IVA y su domicilio, y qué número de registro ve aquí un cliente español?

Sin estos datos, unas condiciones generales no se pueden usar, y el artículo 14 tampoco designa ningún juzgado competente. El mismo hueco está en la política de privacidad y en el contrato de encargado del tratamiento: es una sola pregunta con una sola respuesta. Lo que añade la edición española: un cliente español busca un NIF y una inscripción en el Registro Mercantil, y Nermio no tiene ninguna de las dos cosas, porque es una empresa neerlandesa inscrita en la Cámara de Comercio neerlandesa (la KvK) y con un número de IVA que empieza por NL. Son por tanto dos preguntas con dos respuestas posibles: qué número indicamos aquí frente a un cliente español, y si Nermio necesita además un NIF español, lo que solo se plantea si hay un establecimiento en España o una obligación española en materia de IVA. Mientras eso no esté decidido, aquí no figura ningún número.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU): ¿un autónomo español es aquí una empresa o un consumidor, y qué cláusulas de estas condiciones aguantan entonces?

En España son consumidores las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión (artículo 3.1 del TRLGDCU), y es empresario quien actúa con un propósito relacionado con esa actividad (artículo 4). La norma solo se aplica a las relaciones entre consumidores y empresarios (artículo 2). Un autónomo que contrata un CRM para vender más actúa, en principio, dentro de su actividad profesional, y no es entonces consumidor: es la respuesta contraria a la francesa, donde el artículo L.221-3 del Code de la consommation protege al profesional de cinco empleados o menos. Aquí no hay umbral de plantilla, y por eso esta pregunta es más estrecha que la francesa pero no desaparece. Lo que queda abierto es el uso mixto, porque la ley habla de un propósito ajeno y no de un porcentaje: qué pasa cuando alguien lleva en el mismo programa su actividad y algo que no lo es. Si la respuesta fuera que sí es consumidor, se le aplican las cláusulas abusivas de los artículos 82 a 86, el desistimiento de catorce días naturales del artículo 102, y la nulidad del artículo 83, que tiene la cláusula abusiva por no puesta mientras el contrato sigue obligando en lo demás. Eso toca los artículos 4, 5, 6, 11 y 13 de estas condiciones, y en varios de ellos la pregunta vuelve a plantearse.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación: ¿cómo aceptas estas condiciones al registrarte, y basta con eso para que formen parte del contrato?

Esta ley se aplica a los contratos con condiciones generales celebrados entre un profesional que las predispone y cualquier persona física o jurídica que se adhiere, y dice expresamente que el adherente puede ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad (artículo 2). Se aplica por tanto a Nermio frente a cualquier cliente español, sea o no consumidor, y pone un requisito que el derecho neerlandés no formula así. Las condiciones generales pasan a formar parte del contrato cuando el adherente acepta su incorporación y lo firman todos los contratantes, y no puede entenderse que haya habido aceptación cuando quien las predispone no ha informado expresamente de su existencia ni ha facilitado un ejemplar (artículo 5.1). Para los contratos que no deben formalizarse por escrito hay una regla aparte: basta con garantizar al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia y su contenido en el momento de la celebración (artículo 5.3). Y lo que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer, o lo que sea ilegible, ambiguo u oscuro, no queda incorporado al contrato (artículo 7). Hoy el registro es una casilla con un enlace a esta página. Si eso cuenta como posibilidad efectiva, si hay que entregar un ejemplar descargable, y si conviene guardar prueba de qué versión aceptó cada cliente y en qué fecha, es trabajo de jurista, y la respuesta toca el software y no solo este documento. Lo que no hace falta: inscribir estas condiciones en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que es voluntario salvo en los sectores en los que se imponga (artículo 11.2).

Pendiente de un jurista

¿Estos importes son con IVA o sin IVA, y cómo lo indicamos en la página de precios y en la factura?

Para un comprador profesional lo habitual es sin IVA, pero entonces tiene que estar escrito igual en todas partes. Hoy el importe figura sin ninguna mención, y eso no puede quedarse así.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — ¿qué IVA paga por esta suscripción un cliente profesional español, y qué tiene que llevar su factura?

A RESOLVER ANTES DEL PRIMER CLIENTE ESPAÑOL QUE PAGUE, no después. En una prestación de servicios entre sujetos pasivos de dos Estados miembros, el IVA lo debe en principio el destinatario, que lo autoliquida: el prestador neerlandés factura sin IVA y la factura lleva la mención de inversión del sujeto pasivo. Pero eso supone que el cliente sea sujeto pasivo y haya comunicado un NIF-IVA válido; si no lo es, o si está en un régimen especial, la regla cambia. La disposición española que sostiene esa regla tiene que figurar aquí por su nombre en cuanto la confirme un asesor fiscal o un jurista: no escribo un número de artículo que no he leído yo mismo. Del lado neerlandés se deriva además la declaración de servicios intracomunitarios. Las menciones que el software imprime hoy están en lib/factuurRekenen.js. Es el equivalente español de la misma pregunta que está en las ediciones alemana, francesa y belga.

Pendiente de un jurista

¿Cómo y cuándo se paga en cuanto haya una pasarela de pago, qué ocurre si un pago falla, y qué plazo corre antes de que se limite el acceso?

El borrador que nos dieron propone: pago por adelantado, y suspensión tras un recordatorio y catorce días. Es un acuerdo razonable, pero hoy no hay nada que describir. Esta sección y la pasarela de pago tienen que entregarse juntas, y la elección del proveedor de pago tiene que figurar entonces también en la política de privacidad y en el anexo 3 del contrato de encargado del tratamiento.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: ¿qué plazo de pago podemos pactar con un cliente español, y qué pasa si paga tarde?

Hoy no hay nada que pactar, porque no hay pasarela de pago. En cuanto la haya, el margen español es más estrecho que el neerlandés y además está cerrado por ley. Artículo 4.1: a falta de pacto, treinta días naturales desde la prestación del servicio, y el proveedor tiene que hacer llegar la factura dentro de los quince días naturales siguientes. Artículo 4.3: las partes pueden ampliar ese plazo, pero en ningún caso por encima de sesenta días naturales, y ahí está la diferencia con el § 271a del BGB alemán, que deja la puerta abierta a más si se pacta expresamente. Artículo 2.d): el plazo se cuenta en días naturales, y es nulo el pacto que descuente del cómputo los períodos de vacaciones. Artículo 5: la mora se produce automáticamente por el mero incumplimiento del plazo, sin aviso de vencimiento ni intimación. Artículo 7.2: el interés legal de demora es el tipo que el Banco Central Europeo aplica a su operación principal de financiación más ocho puntos porcentuales, se fija por semestres y se publica en el BOE. Artículo 8.1: cuarenta euros fijos de costes de cobro, que se añaden en todo caso y sin petición expresa, más los costes acreditados que superen esa cifra. Artículo 9.1: es nula la cláusula manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor y, en todo caso, la que excluya el interés de demora o esos cuarenta euros, y un interés pactado un setenta por ciento por debajo del legal se presume abusivo salvo prueba en contra. Artículo 9.2: el juez que anula esas cláusulas integra el contrato con el artículo 1258 del Código Civil y tiene facultades moderadoras. Quedan tres cosas por averiguar. La primera depende de la pregunta del artículo 14: si esta ley obliga a un proveedor neerlandés que factura a un cliente español, porque el artículo 3.1 habla de operaciones comerciales entre empresas y no dice nada sobre dónde está el prestador. La segunda: Nermio cobra por adelantado, y esta ley está escrita para el pago de una contraprestación ya entregada, de modo que hay que comprobar sobre qué muerde exactamente en una suscripción prepagada. Y la tercera: si las facturas que tú mismo emites a tus clientes españoles tienen que llevar estas menciones, lo que toca el software y no solo este documento.

Pendiente de un jurista

¿Se puede cambiar el precio a mitad de contrato, con cuánto aviso y con qué derecho a darse de baja en ese momento?

El borrador que nos dieron propone: treinta días antes en una suscripción mensual, y solo en la renovación si es anual, con la posibilidad de darse de baja. Esa decisión es de Rami y de un jurista, no de la parte técnica. FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — entre empresas, España no tiene una lista de cláusulas presumidas abusivas como la belga, así que esta reserva no se mide contra un catálogo sino contra la nulidad del artículo 8.1 de la Ley 7/1998, que alcanza a lo que contradiga en perjuicio del adherente una norma imperativa o prohibitiva, y contra la buena fe del artículo 1258 del Código Civil. Si el cliente resultara ser consumidor, entonces sí hay catálogo, y es el artículo 85.3 del TRLGDCU: mira el artículo 13, donde está la misma pregunta para las condiciones en su conjunto. Es una sola respuesta para los dos sitios.

Pendiente de un jurista

¿Se devuelve en parte una suscripción anual si te das de baja a mitad de período, y con cuánto aviso puede darse de baja Nermio por su lado?

El borrador que nos dieron propone: sin devolución salvo que Nermio pare por su cuenta o la ley diga otra cosa, y una baja por parte de Nermio con tres meses de aviso, o inmediata si hay un incumplimiento grave. Eso último tiene que encajar con el artículo 7. FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — entre empresas, la prórroga tácita no está en España en ninguna lista de cláusulas sospechosas, al contrario de lo que pasa en Bélgica; solo si el cliente resultara ser consumidor entra en juego el artículo 85.2 del TRLGDCU, que considera abusiva la prórroga automática cuando la fecha límite no le permite de verdad manifestar que no quiere prorrogar. Tal y como está redactado, este artículo dice que te das de baja cuando quieras y que la suscripción llega hasta el final de lo pagado, que es justo el contrapeso que se mira. Queda por comprobar si sigue siendo así cuando existan el botón de baja y la pasarela de pago, y si tres meses de aviso por parte de Nermio son razonables frente a un cliente español.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — Real Decreto 1007/2023 y artículo 201 bis de la Ley General Tributaria: la edición española todavía no tiene facturación, así que ¿cuándo y con qué condiciones podría llegar, y qué promete entonces este artículo?

Esto no es una decisión de producto sino una pregunta con una sanción detrás, y la sanción cae sobre Nermio y no sobre ti. El reglamento del Real Decreto 1007/2023 obliga a que el sistema encadene los registros de facturación y les añada una huella o hash (artículo 12), y a que lleve una declaración responsable por escrito y de modo visible en el propio programa y en cada una de sus versiones, expedida por quien lo produce (artículo 13). Hay dos caminos: remitir cada registro a la Agencia Tributaria en cuanto se emite, que es lo que hacen los llamados Sistemas de emisión de facturas verificables y la razón de que ellos no tengan que firmar electrónicamente los registros, o firmarlos y conservar un registro de sucesos. Lo que hace que esto sea un problema nuestro y no tuyo está en el artículo 3.2: el reglamento se aplica también a los productores y comercializadores del software en lo relativo a su propia actividad, y su plazo no es el de los obligados tributarios. La disposición final cuarta les da nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial de desarrollo; esa orden es la Orden HAC/1177/2024, publicada en el BOE el 28 de octubre de 2024 y en vigor al día siguiente, de modo que el plazo venció el 29 de julio de 2025 y ya ha pasado. Los obligados tributarios tienen hasta el 1 de enero de 2027 o el 1 de julio de 2027 según el caso. Y el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria sanciona con 150.000 euros por cada ejercicio con ventas y por cada tipo distinto de sistema la fabricación, producción y comercialización de programas que no cumplan las especificaciones, y con 50.000 euros por ejercicio la tenencia de sistemas que debiendo estar certificados no lo estén. A decidir, y no por la parte técnica: si Nermio construye Verifactu, por cuál de los dos caminos, y qué dice entonces este artículo. Mientras eso no esté decidido, aquí no se promete ninguna fecha. La tabla que mantiene la facturación apagada en España es lib/facturatiePerLand.js.

Pendiente de un jurista

¿Prometemos un porcentaje de disponibilidad, o lo excluimos expresamente, y cómo se escribe eso sin esconderlo?

No hay una supervisión capaz de sostener un porcentaje, así que prometer una cifra hoy no se puede. Cómo escribirlo sin escamotearlo es trabajo jurídico. FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — entre empresas, en España una exclusión demasiado amplia no choca con una lista de cláusulas sospechosas como la belga ni con el artículo 1170 del Code civil francés, porque aquí no existe ninguna de las dos cosas. Se mide contra la nulidad del artículo 8.1 de la Ley 7/1998 y contra la buena fe del artículo 1258 del Código Civil, y en un programa en línea la disponibilidad es la obligación esencial del contrato. Si el cliente resultara ser consumidor, se le aplica además el artículo 86.2 del TRLGDCU, que tiene por abusiva la exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato. Lo que eso significa para la redacción está unido a la pregunta del artículo 11.

Pendiente de un jurista

¿Se hace una copia de seguridad, cada cuánto, cuánto tiempo se guarda, y puede un cliente invocarla?

El proveedor de base de datos hace copias de seguridad, pero lo que de eso se promete por contrato es una decisión, y una promesa que no se ha probado no es una promesa. La misma cifra hace falta en la política de privacidad y en el contrato de encargado del tratamiento.

Pendiente de un jurista

¿Cuánto tiempo se quedan los datos de cliente después de que termine la suscripción, y cuándo se borran sin que el cliente lo pida?

La ventana de recogida de treinta días está construida e impuesta en la base de datos (migraciones 0034 y 0053), así que esa mitad de la vieja pregunta está resuelta. Lo que falta es un plazo de conservación: no hay ninguna tarea de limpieza para los datos de cliente, de modo que en principio se quedan hasta que alguien los borra a mano. Eso es un acuerdo que tienen que cerrar Rami y un jurista; la misma pregunta está en la política de privacidad y en el artículo 11 del contrato de encargado del tratamiento.

Pendiente de un jurista

¿Cómo se regula definitivamente la responsabilidad?

La propuesta de arriba está como propuesta y no como cláusula en vigor. Dos puntos tienen que recibir antes una respuesta. Un límite al importe pagado en doce meses se queda, con una suscripción de 240 euros al año, muy cerca de cero, y en un cliente que todavía no ha pagado nada se queda exactamente en cero; si eso se sostiene frente a este público está unido al artículo 2. Y un límite que no aguanta lo descubres justo en el momento en que importa. Esto es trabajo de jurista de principio a fin.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — artículos 8.1 y 10 de la Ley 7/1998 y artículo 1258 del Código Civil: ¿aguanta esta limitación frente a un cliente español, y qué queda si no aguanta?

La propuesta de arriba está como propuesta, y en España el control no se parece ni al belga ni al francés. Entre empresas no hay lista negra ni lista gris: el catálogo de cláusulas abusivas de los artículos 82 a 90 del TRLGDCU solo se aplica a las relaciones entre consumidores y empresarios (artículo 2 del TRLGDCU), y la nulidad por abusiva del artículo 8.2 de la Ley 7/1998 está expresamente limitada a los contratos celebrados con un consumidor. Para un cliente profesional el control va por otro camino: son nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente esa ley o cualquier otra norma imperativa o prohibitiva (artículo 8.1), y el contrato obliga además a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1258 del Código Civil). Lo que no puedo determinar es qué norma imperativa se da aquí por contradicha, ni cómo se aplica esa buena fe a un techo de 240 euros al año — y de cero para un cliente que todavía no ha pagado nada — frente a una obligación esencial que en un programa en línea es la disponibilidad. La diferencia más grande con las otras ediciones está en lo que pasa después. La nulidad no deja sin efecto todo el contrato si este puede subsistir sin la cláusula, y la parte afectada se integra con arreglo al artículo 1258 del Código Civil (artículo 10 de la Ley 7/1998); en materia de morosidad, el juez tiene además facultades moderadoras expresas (artículo 9.2 de la Ley 3/2004). La cláusula no se tiene por no escrita como en Francia ni desaparece como en Bélgica: el hueco se rellena con la buena fe. Qué significa eso para el techo — si se queda en nada, si se sustituye por lo que la buena fe pida, o si el juez lo modera — es precisamente lo que hay que averiguar. Nermio no elige nada aquí: no hay ninguna variante española de la limitación en el texto, porque esa decisión no se ha tomado. A tratar junto con la pregunta del artículo 14, la de si este control español juega a pesar de la elección del derecho neerlandés.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — artículo 8.1 de la Ley 7/1998, artículo 1258 del Código Civil y artículo 85.3 del TRLGDCU: ¿aguanta frente a un cliente español esta reserva de modificación unilateral?

Entre empresas, España no tiene un catálogo de cláusulas presumidas abusivas, así que esta reserva no se mide contra una lista como la belga sino contra la nulidad del artículo 8.1 de la Ley 7/1998 para lo que contradiga en perjuicio del adherente una norma imperativa o prohibitiva, y contra la buena fe del artículo 1258 del Código Civil. Treinta días de aviso y un derecho a darse de baja son el contrapeso que se suele mirar, de modo que la redacción no está lejos; falta saber si llega. Si el cliente resultara ser consumidor — mira el artículo 2 —, entonces sí hay catálogo y es más duro: el artículo 85.3 del TRLGDCU considera abusiva la cláusula que reserva al empresario facultades de modificación unilateral del contrato, salvo que concurran motivos válidos especificados en el contrato, y la sanción del artículo 83 es tener la cláusula por no puesta mientras el contrato sigue obligando en lo demás. Si la noción de una modificación que para ti sea importante es un motivo válido suficientemente especificado, es una pregunta de jurista. La misma disposición toca la modificación del precio del artículo 4: es una sola respuesta para los dos.

Pendiente de un jurista

FUERA DEL DERECHO NEERLANDÉS — artículos 3 y 9 del Reglamento Roma I, artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis y artículo 3 de la Ley 7/1998: ¿produce efecto frente a un cliente español esta elección del derecho neerlandés y de un juzgado neerlandés?

Entre empresas, las partes pueden elegir la ley aplicable (artículo 3 de Roma I) y designar un tribunal competente (artículo 25 de Bruselas I bis), así que el principio de arriba no tiene en sí nada de raro. Hay sin embargo tres cosas que aclarar antes de que este artículo valga algo frente a un cliente español. La primera es la que más pesa, y en España está más a la vista que en los otros países: una elección de ley no desplaza las normas que se aplican por sí mismas (artículo 9 de Roma I), y la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación dice de sí misma, en un artículo que se titula precisamente Ámbito territorial y disposiciones imperativas, que se aplica también a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adherente ha emitido su declaración negocial en territorio español y tiene en España su residencia habitual (artículo 3). Un autónomo que se registra desde su despacho en Valencia cumple las dos condiciones a la letra. Si esa norma es de las del artículo 9 de Roma I, el control español de los recuadros de los artículos 2, 11 y 13 sigue jugando a pesar de la elección del derecho neerlandés, y eso no lo puedo determinar yo: es jurisprudencia que no tengo. La segunda: si la Ley 3/2004 sobre morosidad obliga igualmente a un proveedor neerlandés que factura a un cliente español, que es la pregunta abierta del artículo 4. Y la tercera: si el cliente resultara excepcionalmente ser consumidor, los artículos 17 a 19 de Bruselas I bis le reservan el tribunal de su propio domicilio y el artículo 6 de Roma I le conserva las disposiciones imperativas de su propio derecho. Nermio no promete nada nuevo aquí: este artículo dice lo que dice, y la pregunta abierta es justo si ata a un cliente español.